Cerca de medio centenar de miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) fueron desalojados por la policía, pasada la media noche, del interior de una oficina bancaria de la capital, después de ocuparla desde las 10.30 horas de la mañana. El desalojo se produjo sin incidentes, ante un dispositivo policial que desplazó a seis coches.
Los activistas exigían con la medida una solución para la deuda que arrastra una pareja de Cehegín por su hipoteca, asociada a un SWAP, un producto financiero complejo considerado tóxico por las principales asociaciones de consumidores y usuarios de banca. Los miembros de la PAH acompañaban a Juanjo Navarro y Dori Bustamante, que formalizaron en 2004 una hipoteca por 177.000 euros con una cuota de 570 euros, que afrontaban con el trabajo de él como autónomo de la construcción y el empleo fijo de ella.
La pareja comenzó a arrastrar problemas al quedarse Juanjo en paro en 2007. Aún así, mantuvieron tres años más los pagos, hasta que el SWAP empezó a penalizarles debido a la caída de los tipos de interés. El producto asegura al contratante de la hipoteca sobre subidas de tipos, pero al tiempo proporciona al banco más ingresos cuando los tipos -como ha venido ocurriendo desde que se contrató la hipoteca- bajan. «Llegamos a pagar hasta 970 euros de cuota y 12.000 euros al banco para compensar las bajadas de los intereses», recordaba ayer Juanjo a las puertas de la oficina.
En 2010 dejaron de pagar y pidieron una refinanciación para dejarles una cuota de 400 euros. Pero el banco, según la pareja, ejecutó la hipoteca y el pasado mes de mayo ya tuvieron que parar su desahucio -con apoyo de la PAH- en el paraje de La Pollera.
«Nos prometieron un alquiler social y la condonación de la deuda, pero el SWAP ha acumulado ya una deuda de 34.000 euros que no podemos afrontar», explica Juanjo, quien ya está en contacto con la Concejal de Asuntos Sociales de Cehegín para buscar una 'solución habitacional' una vez que tengan que dejar -más tarde o más temprano- su vivienda. «Nosotros no tenemos problemas en buscar cualquier cosa, pero nuestros hijos de de 6 y 7 años no pueden vivir en una casa sin agua caliente o sin techo». Juanjo se refiere a una casa en la huerta perteneciente a su familia que podría convertirse en residencia para una familia partida, ya que sus hijos tendrían que repartirse en las casas de sus padres.
Un portavoz de la entidad señaló que durante todo el día de ayer se había tratado de llegar a un «acuerdo» con la pareja, sin éxito, debido a que la exigencia era condonar por completo la deuda.
